Noticiero Latino
Colaboración Exclusiva, México, DF
6 de abril de 2009
Exclusiva de Marco Rascón*

Ante la próxima visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama a México, el autor de este artículo, Marco Rascón advierte que el gobierno de la capital mexicana es responsable de la inseguridad que flagela a esa ciudad. Afirma que el lopezobradorismo, que prevalece en el actual gobierno capitalino ha generado y seguirá generando mucha corrupción, intolerancia y nula comunicación con la sociedad; que restringe espacios y derechos de grupos vulnerables, exacerba lla crisis económica, el desempleo y la caída de ingreso ciudadano. Y denuncia que la adopción de la política de Cero Tolerancia, implementada por el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani se halla en el fondo del fracaso gubernamental para combatir efectivamente la violencia, el crimen y la represión oficial en el Distrito Federal

   Hay en la ciudad un hartazgo ciudadano que podría convertirse en la llegada de una oleada conservadora  ante una pésima política legislativa, fuertemente conservadora y que se ha lanzado a restringir espacios y derechos de grupos vulnerables, como las comunidades gay, vida nocturna, sexo servidoras, que en vez de disminuir han aumentado y aumentarán ante la crisis económica, el desempleo y la caída de los ingresos.


   Por ello, advertimos que las políticas de seguridad como la impuesta por Rudolph Giuliani y estos sectores, que amparándose en la izquierda hoy hacen una política conservadora y autoritaria, están derivando en una mayor corrupción gubernamental y profundizando la crisis política mexicana, que se ve ya en el agotamiento del tipo de partidos y su sistema de privilegios y que hoy, son parte del problema y no de la solución, ante formas de gobierno desgastadas, centralistas y aisladas de las comunidades.

 

   La izquierda electoral en México, a través del Partido de la Revolución Democrática (PRD), luego de un largo proceso histórico, gobierna la capital del país desde 1997.


  Fueron muchos movimientos, desde los estudiantiles en 1968 por la defensa de las garantías individuales y las libertades democráticas, similares a la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, que sumados a las de los trabajadores por el derecho a la libertad sindical, campesinos en lucha por la tierra, movimientos urbanos por el derecho a la vivienda, feministas, ecologistas, maestros, intelectuales y artistas, abrieron espacios de manera gradual y en saltos, a la democratización de la capital.


   En la ciudad de México los movimientos de 1968, la reconstrucción de la ciudad en 1985 tras el sismo telúrico, y el de las elecciones presidenciales de 1988, son referencias obligadas que cambiaron la historia moderna de la ciudad. En estas tres etapas, todos los movimientos que se desarrollaron y fueron protagonistas de estos grandes acontecimientos, lucharon y denunciaron sistemáticamente las formas brutales de la represión policial, el uso de la tortura, la cárcel y las campañas de odio que desde el gobierno priísta se lanzaban contra los opositores. México a través de los gobiernos del PRI (Partido Revolucionario Institucional), mantuvo hasta el final los criterios de persecución e intolerancia dictados en los tiempos de la “guerra fría” para calificar toda oposición civil como parte de “conjuras subversivas comunistas””.


   En 1988 se aceleran las condiciones para la reforma política tanto en lo electoral, que abriría espacios mayores para la libertad del voto contra el régimen de partido de Estado, como para la reforma del Distrito Federal (DF), llamada también el Estado 32, cuyo objetivo era tener una constitución local y un gobierno electo, con soberanía propia al igual que los otros estados del pacto federal.


   El resultado de este proceso histórico deviene en el primer gobierno electo bajo un nuevo estatuto que dio lugar al primer Jefe de Gobierno en el Distrito Federal (capital mexicana). El PRD llega a gobernar la capital en 1997 con Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del movimiento de 1988, la Corriente Democrática (una escisión del PRI), que posteriormente da origen al PRD, democrático y opositor al partido en el poder por más de medio siglo entonces, el PRI.


Gracias a dicho proceso, en el año 2000 llega a la Jefatura de Gobierno del DF, por parte del PRD, Andrés Manuel López Obrador, para gobernar durante los siguientes seis años. Impulsando desde el gobierno políticas para distribuir recursos presupuestales principalmente a los ciudadanos de la tercera edad,  este gobierno se hace de una base social y política estable, que luego pone en manos de grupos muy sectarios y atrasados, y que rápidamente la convierten en una política ‘clientelar’ y discrecional; ésta da sustento a una contradicción: desde el gobierno, con una base de apoyo histórico progresista, se diseñan a lo largo de estos últimos 9 años las políticas más conservadoras, algunas de perfil derechista, que mantienen un estado de confusión. Dichos recursos presupuestales se canalizan a un sector profundamente empobrecido, a través de empresas como Wal-Mart y otros monopolios comerciales, lo que convierte a la aplicación del presupuesto (cerca de 4 mil millones de pesos anuales), en un subsidio para una mayor concentración de riqueza, que anula la función redistributiva del ingreso por parte del Estado, destinada originalmente para generar actividad económica a favor de los pequeños y medianos productores y comerciantes.


   Ni el PRI del viejo régimen, ni el gobierno conservador del Partido de Acción nacional, PAN, hubieran podido lograr para sus objetivos lo que el ‘lopezobradorismo’ (seguidores de Andrés Manuel López Obrador, AMLO) ha hecho para el PRD y los intereses oligárquicos.


   Desde el gobierno de AMLO, se dio prioridad en el presupuesto al transporte privado sobre el transporte público, protegiendo uno de los esquemas más agotados para la sustentabilidad de la ciudad, que ha hecho del transporte colectivo no sólo una carga para las condiciones de trabajo y de vida de millones de ciudadanos, sino una fuente de desperdicio energético, contaminación y millones de horas-hombre perdidas. Fue el gobierno lopezobradorista, desde la Secretaría del Medio Ambiente quien se dedicó a poner cemento en la ciudad y de esa manera construir grandes autopistas en segundo piso, que hoy a cuatro años de inauguradas ya son de nuevo insuficientes y están saturadas.


   La inversión al transporte público estos 9 años ha sido de un gran atraso, que se suma al de la red de agua, del drenaje y de otros muchos servicios públicos en los sectores y áreas más populares de la ciudad, donde se viven condiciones verdaderamente explosivas y que generan gran inseguridad social.


   El tema de la seguridad en la ciudad de México


  Ya desde diciembre de 1997 en que asumió el primer gobierno electo del Distrito Federal Cuauhtémoc Cárdenas, las campañas mediáticas y los intereses tradicionales más conservadores se empecinaron en destacar el tema de la inseguridad.


   Históricamente los índices delictivos en la ciudad de México han sido altos y en tiempos en que gobernaba el PRI, esto era acompañado por la gran corrupción policial y desde el gobierno, que creó redes y conexiones entre la delincuencia y esferas gubernamentales, haciendo del robo de autos, las multas de tránsito, la venta de drogas, la prostitución, el contrabando de mercancías, la venta de armas y el robo en general uno de los más grandes negocios.


   Al llegar Cárdenas al gobierno de la ciudad, se le exigía que acabara radicalmente con la delincuencia, y cada hecho violento los medios lo convertían en una gran noticia de su administración. Esto contrastaba con el ánimo existente en la sociedad y en los sectores democráticos y progresistas, de vivir una ciudad por fin liberada de la estructura del viejo régimen y por tanto, un aire de renovación; cambios y expectativas corrían paralelas a la campaña negativa de los medios, que intentaban demostrar caos y falta de control en todo, y principalmente en el tema de la seguridad.


   Cárdenas recibió desde el inicio de su gestión el regalo envenenado del presidente, Ernesto Zedillo. Pues de acuerdo al Estatuto de Gobierno, el titular del ejecutivo capitalino era responsable de nombrar al secretario de seguridad pública de la ciudad. Por ser esta la capital del país correspondía al Jefe de Gobierno dicha atribución o nombramiento, lo que se traducía en la práctica en la obligación de cuidar la sede federal y asumir la responsabilidad sobre todos los problemas de seguridad en la ciudad.


   El punto mayor de tales campañas mediáticas fue el asesinato del locutor de Televisión Azteca, Francisco Stanley en 1998. Dicha televisora y su propietario, Ricardo Salinas Pliego, beneficiario de una privatización con fondos provenientes del hermano del ex presidente, Carlos Salinas de Grotari, acusó directamente de este crimen al Jefe de Gobierno, haciendo del hecho el emblema de la inseguridad. La manipulación era abierta y se tornó más agresiva cuando el procurador del gobierno de Cárdenas dio a conocer que el locutor Stanley estaba drogado y cargaba cocaína en su persona y automóvil, abriéndose la hipótesis de un posible vínculo de este personaje y sus actividades mediáticas, con el narcotráfico.


   Este anuncio convirtió los noticieros en una campaña permanente contra el nuevo gobierno, revelando los altos y obscuros intereses de los monopolios de la comunicación con la delincuencia y las mafias. No obstante nadie puso freno a estas prácticas y desde el gobierno y los organismos empresariales conservadores fueron alentados severos ataques contra el ejecutivo capitalino, ante la posibilidad de que Cárdenas fuera de nuevo candidato a la presidencia de la república en el año 2000.


   En las elecciones presidenciales, el candidato a la presidencia por el PRD fue Cuauhtémoc Cárdenas, y el elegido para ser Jefe del Gobierno capitalino fue Andrés Manuel López Obrador, que pasó de presidente nacional del propio PRD a regresar a su natal estado de Tabasco, dejando a su partido enfrentado, dividido y entregado a grupos que terminaron controlándolo.


   Los grupos más atrasados, traficantes de necesidades básicas y que por ejemplo distribuían leche contaminada entre la población más pobre, que venían reconstruyendo el viejo aparato clientelar dejado por el PRI,  impulsaron a López Obrador a ser candidato a Jefe de Gobierno. Esto fue así sin reunir los requisitos de residencia mínima, con documentación manipulada y un sorprendente acuerdo con los otros partidos políticos (PRI y PAN), impulsado desde la presidencia de Ernesto Zedillo hasta llegar a la Jefatura de Gobierno de la ciudad de México en el año 2000.


   Con López Obrador, el PRD se convierte en el heredero de la vieja cultura priísta y hace del clientelismo la base de su política social, más cercana a la filantropía que a una política eficaz contra la pobreza.


    El nuevo jefe de gobierno, basado en el pragmatismo, pacta de inmediato con los poderes fácticos, en particular con los mediáticos a los cuales les hace grandes concesiones para administrar la política cultural, cediéndoles el zócalo, la plaza mayor de la ciudad, para programar los eventos culturales, que se habían logrado desde el gobierno de Cárdenas.


  La llegada de Giuliani Partners LLC a la Ciudad de México


   Gracias a dichas concesiones, el tema de la inseguridad bajó su perfil, aunque muchos problemas se incrementaron y desde el ámbito empresarial, de los grandes monopolios de la comunicación y con la iniciativa del gobierno del DF, incluyendo al secretario de Seguridad Pública (SSP), Marcelo Ebrard, hoy Jefe de Gobierno de la ciudad capital y sucesor de López Obrador, se invita a Rudolph Giuliani y su empresa consultora en seguridad que fundó en 2002, la “Giuliani Partners LLC” para asesorar con su programa, ComStat, política de Cero Tolerancia o Estrategia Policíaca Número Cinco.


  Si esta política en la Ciudad de Nueva York pasó por encima de derechos fundamentales de ciudadanos a los cuales el programa de Giuliani por ser pobres los declaraba delincuentes y de ahí partía para definir las zonas de riesgo, el traslado de estos criterios de Manhattan a la Ciudad de México derivó también en una política autoritaria y excluyente, ante una ciudad marcada por la presencia de millones de pobres que llegan a ella a buscar un sustento diario en las calles, los cruceros y las plazas públicas.


   Giuliani Paterns LLC antes de salir a asesorar a la policía invasora en Bagdad, dejó mediante un cobro millonario con aportaciones privadas y del gobierno los criterios para la aplicación del Programa Cero Tolerancia ejecutados desde el 2002 en la ciudad de México.


   De este programa se derivaron  los Bandos de “cultura cívica” que criminaliza a los pobres que buscan un ingreso en los espacios públicos; criminaliza a los jóvenes y adolescentes, dando un pretexto formidable a las policías para la extorsión, que derivó en el año 2008 en la tragedia de la discoteca, “News Divine”, donde murieron de asfixia y atrapados por un cerco policíaco 14 jovencitos y jovencitas, la mayoría menores de edad, cuando en una redada iban a ser extorsionados y donde se les obligó a las detenidas sobrevivientes  a desnudarse frente a funcionarios que pretextaron desnudarlas “para saber su edad”.


   Esto, que quiso ser justificado como “un accidente”, fue en realidad un operativo surgido de la doctrina Giuliani y su  aplicación en la ciudad de México.


   No obstante la justificación oficial, los criterios del “héroe” del 11 de septiembre neoyorquino, han sido y se siguen aplicando en la ciudad de México, haciendo del uso del espacio público un contrasentido pues sólo se trata de ocultar la pobreza sin resolverla.


   Es el caso del Centro Histórico de la ciudad de México, donde los comerciantes ambulantes fueron reubicados en plazas comerciales, pero donde otros miles son empujados a otras zonas y a otras actividades como las delincuenciales. La corrupción policial se mantiene, pese a la enorme inversión que se ha destinado a equipar y aumentar el número de efectivos, pero que poco han hecho para bajar los índices delictivos.


   Lo más contradictorio es que para una ciudad formalmente gobernada por la izquierda y los sectores más progresistas, se hayan impuesto las políticas más conservadoras, como la de Giuliani, en lo que sería un crimen perfecto: hacer con la izquierda lo que no pueden hacer con la derecha, utilizando la legitimidad de la historia de la primera, para hacer lo que el PRI y el PAN jamás hubieran podido; es decir: entregar la ciudad a los intereses de la industria automotriz y el transporte privado; al capital inmobiliario; a los monopolios de la comunicación; a los asesores más conservadores en seguridad; restringiendo los horarios nocturnos, los cuales hacen que haya aumentado el alcoholismo, e imponer una ley anti-tabaco que ofende los derechos de los ciudadanos y se presta a la extorsión de los establecimientos mercantiles.


Junto a ello, se acaba de aprobar como parte de las tesis de Giuliani la Ley de Extinción de Dominio (que otorga al gobierno federal la facultad de expropiar los bienes adquiridos por la delincuencia con recursos de procedencia ilícita), que no reducirá la capacidad económica de la delincuencia organizada, pero si servirá para mayores extorsiones, como los que ya vive un sector de la hotelería y el turismo, al cual se le ubica como parte de las actividades donde se desarrollan actividades ilícitas, por naturaleza, según los criterios de la Cero Tolerancia.


   Las grandes obras realizadas, sin discutir las prioridades con las comunidades, y las disposiciones en general desde el gobierno entregado a los grupos y facciones del lopezobradorismo han generado una política de mucha corrupción, intolerancia y nula comunicación con la sociedad.


   Hay en la ciudad un hartazgo ciudadano que podría convertirse en la llegada de una oleada conservadora  ante una pésima política legislativa, fuertemente conservadora y que se ha lanzado a restringir espacios y derechos de grupos vulnerables, como las comunidades gay, vida nocturna, sexo servidoras, que en vez de disminuir han aumentado y aumentarán ante la crisis económica, el desempleo y la caída de los ingresos.


   Por ello, advertimos que las políticas de seguridad como la impuesta por Rudolph Giuliani y estos sectores, que amparándose en la izquierda hoy hacen una política conservadora y autoritaria, están derivando en una mayor corrupción gubernamental y profundizando la crisis política mexicana, que se ve ya en el agotamiento del tipo de partidos y su sistema de privilegios y que hoy, son parte del problema y no de la solución, ante formas de gobierno desgastadas, centralistas y aisladas de las comunidades.